Saltar al contenido
Investigación

GSR Security y TSV le venden al Estado y le deben al banco, y sus dueños figuran en los mismos papeles

Los papeles del Registro de Personas y Estructuras Jurídicas muestran cómo cambió de manos la firma que custodiaba las sucursales del banco, y el anexo del BCP describe el crédito de ₲ 439.134 millones cuya plata, según el regulador, salía hacia otras dos sociedades del grupo.

6 min de lectura2 fuentes

Ilustración editorial en tinta sobre papel crema: hombres de traje reunidos alrededor de una mesa de licitaciones con pilas de expedientes, de la que salen hilos que bajan hasta un banco clausurado en el piso, mientras un guardia de seguridad de espaldas custodia la escena.

El mismo grupo de gente le vende seguridad y tecnología al Estado paraguayo y le debe al banco intervenido. Pablo Enrique Salinas Bomfim es dueño de la mitad de TSV del Paraguay S.R.L., que adjudicó contratos públicos por ₲ 100.723 millones desde 2010 y figura entre los cien mayores deudores de ueno con ₲ 92.307 millones al 23 de octubre de 2026. Fabricio Martín Martínez Appleyard aparecía con el 49 % de la antecesora de Dobrestec S.A., la firma que operaba como GSR Security y que le ponía los guardias a las sucursales del banco, y fue detenido en el allanamiento del 17 de noviembre en Vista Alegre. Las dos empresas comparten domicilio y hay una tercera sociedad con las mismas iniciales, GSR E.A.S., que debe al banco ₲ 439.134 millones según el Banco Central del Paraguay.

Salinas no tiene causa ni deuda personal registrada. El Registro de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas le atribuye el 50 % del capital y de los votos de TSV, y la constancia de RUC que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios emitió el 18 de noviembre de 2026 lo nombra socio y representante legal junto a Óscar Alfredo López Candia. Firma los contratos de la empresa con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones: en el de 2022, la sociedad está “representada en este acto por su representante legal, señor Pablo Enrique Salinas Bomfim”. Cinco inmuebles urbanos figuran a su nombre entre Lambaré, Asunción y San Bernardino, ninguno con copropietario.

La historia de Dobrestec está en los papeles que el MEF entregó el 23 de enero de 2026 en respuesta a un pedido de información pública sobre la firma, con RUC 80027582-9. La sociedad se constituyó por escritura pública N.º 28 del 26 de mayo de 2004 y cambió de denominación por la asamblea extraordinaria N.º 26 del 23 de septiembre de 2024, que aprobó el nombre Dobrestec. En esa asamblea Jorge Jure Bykov tenía 304 acciones, el 90,2 %, y Miguel de María Suárez Álvarez 33, el 9,8 %. Un año después el reparto estaba dado vuelta: la constancia del 12 de junio de 2025 registra a Suárez Álvarez con 50 acciones, el 10 %, como presidente, y a Carlos Reinaldo Merlo Hacker con 450, el 90 %, como director titular.

El Registro de Beneficiarios Finales muestra además un tramo anterior. En la presentación del 9 de junio de 2023, Jure Bykov declaró el 51 % y Fabricio Martín Martínez Appleyard el 49 %, con domicilio en Olegario Andrade 3248 de Asunción y profesión de licenciado en relaciones exteriores. Ese 49 % es el único papel que une a Martínez Appleyard con la propiedad de la empresa; la constancia de RUC de 2026 no lo nombra y sólo lista a Merlo Hacker y Suárez Álvarez. Quién le vendió a quién y cuándo queda fuera de lo que estos documentos dicen.

Los contratos con el Estado van por las dos firmas. Dobrestec acumula 58 adjudicaciones directas por ₲ 111.828 millones desde 2010, y ₲ 54.252 millones de ese total son de 2023 en adelante, con dos contratos del Servicio Nacional de Promoción Profesional como los mayores: ₲ 9.887 millones en octubre de 2023 y ₲ 19.107 millones en febrero de 2025, los dos por guardia de seguridad para la sede central y las regionales. TSV suma ₲ 100.723 millones en 55 adjudicaciones, la mitad de ellas concentradas entre el sistema 911 de la Policía Nacional por ₲ 30.973 millones en noviembre de 2022 y una serie de compras de tecnología que arranca en octubre de 2025.

Un tercer consorcio completa el cuadro. Track es TSV como líder, Dobrestec y Urbis S.A., y ganó en diciembre de 2024 el contrato de tobilleras electrónicas del Ministerio del Interior por ₲ 81.332 millones. El Consorcio Alianza y el FORTPY, del que también participa el núcleo, suman otros ₲ 40.913 millones. Contando consorcios, el conjunto adjudicó ₲ 461.784 millones en 129 filas desde 2010; la cifra no incluye el Data Center del Estado que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación adjudicó en mayo de 2026 al Consorcio TIC, integrado por Concret Mix S.A., ITC Servicios S.R.L. y TSV, por ₲ 19.010.508.763 más USD 30.110.937,96.

Del lado del banco, la cuenta de Dobrestec es la más chica y la más rara. Debe a ueno ₲ 17.737 millones y mantiene certificados de depósito por ₲ 18.731 millones, un monto apenas superior a la deuda. La firma comunicó el cese de más de 1.600 trabajadores y su abogado, Eduardo Agüero, sostiene que está entre los afectados por la intervención. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la sancionó entre abril y agosto de 2026, según la prensa.

GSR E.A.S. es otra sociedad, con RUC 80131927-7, y no presta servicios de seguridad. Se constituyó el 20 de febrero de 2023 con ₲ 100 millones de capital, según el anexo de la nota que el Banco Central envió al Fiscal General el 3 de noviembre de 2026, y sus socios fundadores fueron Julio Esteban José Martínez Appleyard y Eduardo Daniel Agüero en partes iguales. Desde el 1 de mayo de 2025 los socios son José Augusto Sala Cardozo y Rodrigo Miguel Ruiz Giménez, también mitad cada uno, y Sala es el representante legal; el mismo documento consigna que Sala “se desempeñó como Gerente General Interino de Ueno Bank S.A. hasta Diciembre del 2024”.

El mismo anexo describe el recorrido del dinero y es la pieza más pesada del expediente. Los desembolsos de ueno “fueron transferidos, en forma inmediata, a cuentas de ITTI S.A.E. y VINANZAS S.A., sociedades relacionadas al grupo económico del Banco”, dice el documento. De GSR E.A.S. salieron a su vez ₲ 375 millones hacia Dobrestec y ₲ 654 millones hacia Fernando Raúl Bazán, a quien la nota identifica como director de ITTI y presidente de Red Digital S.A. La Nota BCP/P N.º 019, que fundó la denuncia, ubica a GSR E.A.S. entre las empresas alcanzadas por el “criterio de presunción de vinculación” al grupo del banco, junto con Nuevo Mundo Entertainment, Nubicom, Office Design, Grupo Bern y Galadriel.

Los dos apellidos Martínez Appleyard aparecen juntos en una tercera sociedad, M.A.H. S.A., donde el registro de beneficiarios finales le asigna a Fabricio el 98 % de los votos y a Julio Esteban José el 2 %. Que sean hermanos no consta en el Registro Civil consultado y esta nota no lo da por probado. Tampoco está probado que Merlo Hacker sea suegro de Fabricio, un vínculo que circula en notas de trabajo sin respaldo registral. Lo que sí está en un documento del Banco Central es la transferencia de ₲ 375 millones de la deudora a la firma de seguridad.

Las presentaciones de Dobrestec ante el MEF llevan la firma de Alejandro Melgarejo como responsable de la solicitud, con dos números de cédula distintos en constancias de 2024 y 2025. El único registro con ese nombre y apellido completo es Alejandro Raúl Melgarejo Domínguez, hermano de un auditor de Electroban S.A.E.C.A.; nada lo vincula con los dueños de la empresa.

Ninguna de las personas nombradas tiene condena firme en esta causa. José Augusto Sala Cardozo está imputado y rige para él la presunción de inocencia. Jorge Jure Bykov no está imputado en esta causa. Pablo Enrique Salinas Bomfim no tiene causa ni deuda personal registrada. Dobrestec S.A., GSR E.A.S. y el Banco Central del Paraguay tienen derecho a réplica.

Fin del expediente

Fuentes

  1. mef.gov.py
  2. contrataciones.gov.py