Una directora de la AFD declaró que su marido era director de ueno y la agencia multiplicó por trece lo que le prestaba al banco
La directora de la AFD declaró en 2023 que su cónyuge era director de Financiera ueno. Los préstamos del banco con fondos de la agencia pasaron de ₲ 62.109 millones a ₲ 800.117 millones en los veintisiete meses siguientes, sin registro público de que alguien se haya apartado.

La declaración jurada no tiene ambigüedades. El 25 de septiembre de 2023, al asumir como miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo, Dominica Zavala Zubizarreta presentó ante la Contraloría su declaración de intereses y en el casillero del cónyuge escribió el nombre de Alejandro Gómez Abente, con una ocupación y una entidad: director, sector privado, Financiera ueno. No declaró una, ni dos: declaró esa, y la repitió en las declaraciones de 2024 y de 2025, con corte al 14 de febrero de ese año, siempre con la misma casilla: actividad en el sector financiero y una sola entidad donde su cónyuge se desempeña, Financiera ueno.
Gómez Abente integraba el directorio de ueno bank desde 2022, primero como suplente y desde 2023 como titular. Es una de las ocho personas imputadas por la caída del banco en la causa 89/2026, por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y asociación criminal. El Tribunal de Apelación ratificó su prisión preventiva el 10 de noviembre y después amplió los cargos. No tiene condena y rige para él la presunción de inocencia. Zavala no está imputada ni procesada por nada.
Lo que sí muestran los papeles es la coincidencia en el tiempo. Según los estados financieros del propio banco, los préstamos con recursos administrados por la AFD dentro del marco de la Ley 2640 pasaron de ₲ 62.109 millones al 31 de diciembre de 2023 a ₲ 232.391 millones al cierre de 2024, y de ahí a ₲ 653.978 millones al 31 de diciembre de 2025. Al 31 de marzo de este año llegaban a ₲ 800.117 millones. La deuda de ueno con la agencia por obligaciones de intermediación financiera, que discrimina por acreedor, era de ₲ 639.716 millones al 31 de diciembre de 2025 y de ₲ 792.427 millones al 31 de marzo de 2026.
El financiamiento de la AFD a ueno no empezó con ella: el propio balance dice que la entidad recibe recursos de la agencia desde 2007. Lo que cambió en el período fue la escala. Y hay un dato que conviene no exagerar: el saldo de una línea de segundo piso sube cada vez que el banco descuenta una operación más, así que el crecimiento no prueba por sí solo una decisión de directorio. Prueba que el dinero siguió fluyendo, y en volumen creciente, mientras el vínculo estaba declarado.
Del otro lado, la agencia administraba un riesgo que no era suyo. La presidenta Stella Guillén dijo a ABC Color el 13 de noviembre que la AFD financió a través de ueno unos USD 184 millones y que la agencia todavía no tiene una cifra verificada de operaciones afectadas ni de desembolsos pendientes. Aclaró también que la AFD “no realizó depósitos ni inversiones financieras” en el banco, que su rol es de intermediación y que los deudores mantienen obligación directa con el organismo. Con la resolución del banco, esos préstamos quedaron en revisión y la agencia trabaja con el equipo interventor para recuperar la cartera y separarla.
Lo que el expediente público no tiene es una pieza que muestre qué hizo el directorio de la AFD con esa información. Ni un acta que registre una excusación de Zavala en las decisiones sobre ueno, ni una resolución que documente el tratamiento del conflicto, ni una nota en la que alguien del directorio o de la agencia haya advertido el cruce. La agencia no informó si hubo excusaciones, y el directorio —una presidenta y cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo— puso todos sus cargos a disposición el 11 de noviembre. La nota de ABC que consigna esa decisión menciona a Zavala con una frase que vale leer entera: “cuyo vínculo familiar con un directivo de la entidad intervenida generó consultas públicas sobre posibles conflictos de interés”.
Esa es la vara que sostiene esta nota y también su límite. El Código Penal paraguayo castiga en su artículo 240 al funcionario que se interesa en un contrato u operación en la que interviene por razón de su cargo cuando tiene interés particular o de un tercero cercano; la Ley 5033 de declaraciones juradas obliga a informar la actividad del cónyuge justamente para que el Estado pueda apartar a tiempo a quien está en esa posición. El sistema funcionó en la mitad que le toca al declarante: la información está en la Contraloría desde septiembre de 2023. No hay documento público que muestre el otro paso, el de la agencia que debía leerla.
En los balances, la relación también dejó huella. Ueno declaró al 31 de diciembre de 2025 ₲ 2.056 millones de cartera prendada a favor de la AFD y aclaró que los contratos con la agencia “son obligaciones directas e incondicionales de la entidad”, privilegiadas frente al resto de los pasivos. Ese privilegio significa que, en una resolución, la agencia cobra antes que otros acreedores: la plata pública que canalizó no quedó en la misma cola que los ahorristas.
Esta nota no afirma que Zavala haya favorecido a ueno, ni que haya votado en una decisión de crédito, ni que su marido haya recibido un trato especial por esa vía. Ninguna de esas cosas tiene papel. Lo que afirma es más simple y más incómodo: una directora de la agencia que prestaba al banco declaró ante el Estado que su cónyuge era director de ese banco, el saldo con la agencia se multiplicó por trece en veintisiete meses, y no hay registro público de que alguien se haya apartado. Dominica Zavala Zubizarreta, Alejandro Gómez Abente y la Agencia Financiera de Desarrollo tienen derecho a réplica en esta nota.
Fin del expediente